MARCHA CARNAVAL SEVILLA POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO

DECLARACIÓN PÚBLICA

Los Pueblos y Comunidades de la región andina, campesinos, indígenas, pequeños mineros colombianos, los movimientos sociales, ambientales, culturales, defensores de derechos humanos que vivíamos ancestralmente con montañas y aguas transparentes, con pueblos basados en el buen vivir, complementariedad, reciprocidad, y hoy somos afectados por la minería, la agroindustria, y un modelo extractivista del patrimonio natural, reunidos en la MARCHA CARNAVAL SEVILLA POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO, después de Marchar y debatir ampliamente declaramos:

Considerando que:

1. El sistema capitalista imperante es responsable de la violencia, despojo y desastre ambiental que se impone sobre nuestros pueblos, ya que los países del norte y las corporaciones en su afán irracional de maximizar ganancias intervienen en la política de los países subdesarrollados para generar ambientes de explotación de recursos primarios, comercialización y consumo de productos, pasando por encima de los derechos de países, pueblos y comunidades más marginales. 

2. La actual forma de vida de la sociedad occidental basada en la extracción y consumo insostenible de los recursos naturales ha desatado una crisis ambiental y civilizatoria, llevando a toda la humanidad a la incertidumbre sobre su futuro y el de las demás especies que habitan la tierra y el agua; pues en el afán de mantener el orden social y económico al servicio del poder hegemónico, se explota al hombre, a la mujer y a la naturaleza como un recurso más del mercado.

3. Los pueblos y comunidades de la región andina sufrimos las consecuencias de la gran explotación minera llevada a cabo por las multinacionales, la cual ha producido inmensos daños al ambiente, amenaza agotar y envenenar las fuentes de agua, destruir los suelos, contaminar el aire, degradar la biodiversidad y desplazar comunidades, y –además– impide garantizar nuestra soberanía y seguridad alimentaria. 

4. Muchos gobiernos han entregado nuestros bienes naturales, a la voracidad de empresas multinacionales sin exigirles condiciones justas en materia ambiental, laboral, tributaria o en derechos humanos, económicos, sociales y culturales, violentando la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos. 

5. En toda la región y el continente, las comunidades afectadas y los pueblos originarios han denunciado ampliamente los efectos nefastos que esta explotación tiene sobre su vida, la madre tierra y la sobrevivencia humana.

6. Las transnacionales mineras implementan precarias condiciones laborales y vulneran el derecho a la salud y a la organización de los trabajadores que laboran en ellas, ampliando las enfermedades degenerativas.

7. La pequeña y mediana minería es perseguida y proscrita por algunos gobiernos, que pretenden que los inversionistas extranjeros tengan todo el control de su explotación; desconociendo, como en el caso de Colombia, su contribución al desarrollo local, que da empleo a dos millones de familias y genera menos impacto ambiental que la gran minería.

8. Las protestas contra estas situaciones han sido reprimidas, se criminaliza a los participantes en ellas y se les viola el derecho a la organización y la protesta. 

9. La agresión minera va acompañada de reformas legislativas regresivas, desmonte de derechos, paramilitarismo y violencia política de diverso origen, y asesinatos y persecución a miles de líderes populares que defienden el derecho a la vida. 

10. La minería es una pieza clave de la dominación impuesta a través de la globalización neoliberal, que pretende profundizar con el libre comercio (TLC con EE.UU, Canadá y AELC, Acuerdo de Asociación con la Unión Europea), megaproyectos (IIRSA, Plan Puebla Panamá) y los Tratados Bilaterales de Inversión, agrocombustibles, transgénicos, un modelo económico exportador, extractivo, que abandona la posibilidad de la soberanía alimentaria, el desarrollo sustentable, la autodeterminación de los pueblos y sus alternativas de Buen Vivir en armonía con la Naturaleza.

11. La doctrina militar impartida a los ejércitos colombianos desde organismos internacionales como el pentágono, la CIA, el comando sur, y la escuela de las américas, quienes han encaminado la formación de los ejércitos colombianos desde la visión del enemigo interno y la defensa de los intereses extractivistas de las multinacionales y países del norte han sido parte fundamental del proceso de despojo y violencia contra nuestros pueblos. 

Resolvemos:

Llamar a una acción continental para que los Estados, Pueblos y Comunidades recuperen el control de sus territorios, bienes naturales y la biodiversidad, respetando las formas de vida propias. 

Fortalecer y consolidar los territorios y estrategias productivas y sociales de los pueblos y comunidades, en base al Buen Vivir, el desarrollo propio, y las relaciones económicas con equidad social, sustentabilidad e interculturalidad, como alternativas al modelo neoliberal, basado en la reprivatización y el extractivismo minero; y que incluyen en el caso de los pueblos afros, campesinos e indígenas, retomar y fortalecer sus cosmovisiones y espiritualidades.

Luchar por la recuperación y nacionalización del control de los bienes comunes (educación, salud, agua, tierra, fauna, flora), por parte de las comunidades locales, pueblos indígenas, trabajadores y ciudadanía, como alternativa ante la privatización, saqueo y desnacionalización.

Impulsar la constitución y reconocimiento de territorios interculturales, zonas de reserva campesinas según lo estipulado en la ley 160 de 1994, favoreciendo la defensa y planificación comunitaria del territorio por parte de las comunidades agrarias.

Desarrollar la movilización popular en diversos espacios, incluyendo el de promover políticas públicas alternativas en minería: sobre consentimiento previo, prohibición de explotación de aguas subterráneas donde hay poca precipitación fluvial, contaminación, derechos laborales, beneficios y otros.

Articular campañas y acciones de lucha, con redes amplias de movimientos sociales, indígenas, sindicales y populares que reúnan a todos los afectados por los mismos grupos de capital, incluyendo alianzas con los sindicatos y retiro de accionistas de sus casas matrices.

Fomentar los intercambios de experiencias de lucha, a través de visitas, giras, caravanas de líderes y lideresas, a nivel nacional e internacional.

Investigación, documentación de casos emblemáticos, y su divulgación como instrumentos de incidencia ante la opinión pública y actores políticos internacionales.

Apoyar las luchas que actualmente se realizan y denunciar enérgicamente la criminalización de la protesta social, como en los casos de Colombia (Cerrejón, Represa Río Ranchería, Marmato, Támesis, Cauca), Perú (Cerro de Pasco, Doe Run, Majaz, Antamina, Bambas, Yanacocha), Chile (Pascualama), Bolivia (Inti Raymi-Newmont, Sinch’i Wayra-Glencore, San Cristóbal Apex Silver), Argentina (Bajo La Alumbrera), Ecuador (Intac, Pangui, Cordillera del Cóndor, Nor occidente de Pichincha), Guatemala (San Miguel Ixtahuacán en San Marcos, Ixcán El Kiché, Polochic, Alta Verapaz, El Estor en Isabal, San Juan Zacatepeques), Estados Unidos (Western Shoshone).

Solidarizarnos con las luchas populares en el suroccidente colombiano, como la de los corteros de caña de azúcar, trabajadores judiciales, campesinos, sectores urbanos, juveniles e indígenas.

Rechazar la criminalización, judicialización, represión a luchadores populares y defensores de derechos humanos en todo el continente.

Hacer el llamado al gobierno colombiano a respetar la decisión de las comunidades frente a los proyectos mineros y a suspender la persecución de quienes prefieren el Buen Vivir a la Minería.

Exigir el consentimiento previo, libre e informado y vinculante con las comunidades afectadas, antes de las decisiones de inversión mineras (de acuerdo al Convenio 169 y la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas) y que los Estados adopten medidas eficaces de control ambiental y condiciones laborales adecuadas, protección comunitaria y replanteamiento de aquellas explotaciones, que puedan incluir su suspensión, ante las amenazas a la vida de las comunidades, el medio ambiente y el desarrollo regional. Los estados reconozcan las consultas previas organizadas por las comunidades como los de Majaz (Perú), San Marcos (Guatemala) entre otros.

Apoyar la Declaración de las organizaciones colombianas contra la reforma del código minero y las propuestas de modificaciones planteadas por las organizaciones de la pequeña minería.

Promover amplias alianzas para la utilización de los mecanismos internacionales sobre racismo, pueblos indígenas, medio ambiente, agua, derechos humanos y otros, presentando casos documentados ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Naciones Unidas y el Convenio Internacional 169 de la OIT, entre otros.

Impulsar y fortalecer campañas por el desmonte del ESMAD y la desmilitarización de la vida social y juvenil en todas las esferas del territorio nacional.

La construcción de un gran movimiento cívico, popular y comunitario que procure por el cumplimiento de lo estipulado en esta declaración pública y que avance en la formación, sensibilización y movilización de las comunidades en pro de la defensa la vida y el territorio.

El reconocimiento y la conservación de los lenguajes, saberes, tradiciones e identidades campesinas, afros e indígenas que garanticen la existencia y perdurabilidad de estas grandes poblaciones en Colombia y américa latina. 

Las luchas de los pueblos andinos contra los grandes proyectos mineros, agroindustriales, hidroeléctricos que afectan la existencia son cada vez más fuertes y amplios. Esta MARCHA CARNAVAL SEVILLA POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO, es un avance en la articulación de las experiencias, que esperamos sirva a otras acciones a nivel continental; y en ese camino, llamamos a la más amplia unidad que articule todas las resistencias a la devastación de la gran minería, que incluya a los pueblos directamente afectados, a los intelectuales y escritores que denuncian estos impactos, a los movimientos sociales, abogados indígenas o no que defienden a los pueblos, a las instituciones de derechos humanos, a los sindicatos con defensa integral de derechos, pequeños mineros según las particularidades de cada país y zonas, ONGs de apoyo técnico que respetan la autonomía de nuestras organizaciones; los consumidores que cuestionan el consumismo de metales, y a los medios de comunicación alternativos.

Sevilla Valle, 20 de julio de 2016.

Enlace: 

https://www.dropbox.com/s/wp5sjoior1ms6cz/SEGUNDA%20DECLARACI%C3%93N%20MOVILIZACI%C3%93N%2020%20DE%20JULIO..pdf?dl=0


https://www.dropbox.com/s/pu0oo06dzb6wcp9/1.%20MARCHA%20CARNAVAL%20SEVILLA.pdf?dl=0