PARTICIPACIÓN CIUDADANA UN PILAR FUNDAMENTAL PARA PROFUNDIZAR LA DEMOCRACIA Y CONSTRUIR LA PAZ

Contexto Teórico y análisis sobre la 

participación ciudadana (político)

Las democracias modernas tienen como pilar fundamental una fuerte sociedad civil que accede permanentemente a los escenarios de participación establecidos en la constitución y la ley, y que configura otras formas de organización y movilización social que les permite tramitar sus demandas, y hacer incidencia social y política para el goce efectivo de los derechos y deberes como ciudadanos. 

En el caso Colombiano la constitución de 1991 constituye un nuevo marco normativo para potenciar la participación ciudadana, reglamentada posteriormente por medio de la ley 134 de 1994 y la 1757 del 2015, que establecen los procedimientos y formas para convocar el plebiscito, la revocatoria del mandato, el cabildo abierto, referendo, consulta popular, Iniciativa legislativa, la Asamblea Constituyente y la participación del derecho al voto. 

La democracia participativa es uno de los hitos fundacionales que aparece en el nuevo pacto político de 1991, y que requiere de una institucionalidad y administración pública fuertes que puedan hacer accesible dicho tipo de espacios para la sociedad en general. 

Lamentablemente los vicios tradicionales de las elites políticas colombianas, y su sumisión a las directrices de organismos económicos multilaterales como la OCDE, el FMI y el BM han impedido que el estado social de derecho logre cumplir con sus objetivos misionales, ya que el clientelismo, la corrupción, la externalización de los servicios, la privatización de los bienes comunes, la crisis de legitimidad de los partidos políticos y las instituciones del estado han configurado una sociedad apática e incrédula de la política y los escenarios de participación ciudadana. 

Ejemplo de esto lo demuestran los altos índices de abstención generados en los últimos 30 años en Colombia; según un estudio publicado en el periódico universal en el año 2014 se evidencia que pese a que la Constitución de 1991 revistió de nuevas herramientas a la democracia y estaban en marcha las primeras reformas electorales, los resultados en las urnas fueron los peores de los últimos 52 años.  

En dicha entrevista el abogado constitucionalista, Juan Manuel Charry, reconoce que el Régimen político con el que cuenta el país, es uno de los principales factores que ha incidido en la falta de interés de los colombianos por ejercer su derecho al voto y por ende en los altos porcentajes de abstencionismo electoral. 

“En Colombia tenemos un régimen político relativamente cerrado, con partidos políticos premodernos, es decir, que están definidos más por caudillos, figuras, familias, que no permiten un juego abierto y democrático que incluya a distintas personas, como tampoco es fácil que incluya distintas tendencias. Eso finalmente se refleja en la participación electoral”, explicó el analista. 

Charry además señala que esa otra mitad que está dejando de acudir a las urnas a elegir a sus representantes no cree en la política que se está haciendo en el país, no se siente identificada, no encuentra que sus posiciones o sus anhelos estén representados allí y, en consecuencia, decide no hacer parte del sistema político. 

Ante esto, el constitucionalista cree que la solución a la falta de participación electoral del pueblo colombiano está ligada necesariamente con una transformación en la cultura política del país. 

En ese sentido, manifestó que una de las fórmulas para llegar allí es la educación, “que la gente comprenda que debe participar y que el voto es uno de los principales derechos como ciudadano”.[1]

Para la misión de observación (MOE) los mecanismos de participación ciudadana han sido un fracaso ya que de 132 iniciativas de revocatoria hasta el 2012 no prospero ninguna, así sucesivamente frente al resto de mecanismos de participación ciudadana su efecto y utilización ha sido reducido en gran medida por el desconocimiento y las barreras institucionales que se presentan para ejercer el derecho a dichos mecanismos[2]. 

Los bajos niveles de cultura política son un eje fundamental para entender el desinterés del ciudadano promedio por participar en escenarios de deliberación colectiva, según un estudio realizado por ipsos Mori a 33 países del mundo, Colombia ocupa el puesto 6 de los que más ignoran aspectos relacionados a la cultura política; esto hace posible que la corrupción, el clientelismo, los charlatanes políticos tengan un asiento solido en la sociedad colombiana[3]. 

Otros factores que intervienen en los bajos niveles de participación tiene que ver con la falta de legitimidad de los consejos de participación ciudadana que en muchas ocasiones son convocados por las instituciones del estado para cumplir con los requisitos legales y legitimar las decisiones previamente tomadas por los estamentos del poder ejecutivo; esto ha hecho que las comunidades no sientan reconocidas sus propuestas y demandas consensuadas en dichos consejos; y por ende asuman poco a poco una posición de descredito ante los mismos. 

La restricción del régimen político colombiano ha reproducido una sociedad desinteresada por la participación o análisis en los mecanismos de planeación y dirección del estado, limitando el entendimiento de los  programas de gobierno y planes de desarrollo que constituyen la ruta sobre la que se encamina el desarrollo de los territorios, e imposibilitando la construcción de ciudadanías consientes que puedan hacer control al cumplimiento de las metas establecidas en los programas y planes de desarrollo. 

Uno de los principales factores que ha impedido la participación tiene que ver con el carácter represivo que ha caracterizado al régimen político colombiano, la doctrina de seguridad nacional que ubico durante décadas a los sectores populares organizados como el enemigo interno, ha sido el mecanismo para generar la estigmatización y asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos, organizaciones sociales y la desestructuración de comunidades campesinas, afros e indígenas. 

La finalidad de dichas tácticas de estigmatización y persecución a líderes y organizaciones sociales es la preservación de los privilegios políticos y económicos de gamonales regionales, terratenientes y de unas cuantas familias aferradas al poder, que en muchos casos han conseguido sus privilegios a base del despojo y agitación de las múltiples guerras que ha vivido Colombia durante los dos siglos pasados. 

Esto ha hecho que las veedurías ciudadanas y las organizaciones sociales independientes (sindicales, campesinas, estudiantiles, indígenas, de afros etc…) que si bien se podrían constituir en potencial aliado para las instituciones locales y nacionales en la construcción de un paz estable y duradera; se les continué viendo en muchas ocasiones como sospechosos, raros, contradictores etc… por las acciones colectivas que estas desarrollan para la exigibilidad de sus derechos (tomas, plantones, movilizaciones, debates, foros entre otros). 

Para francisco leal docente de la universidad nacional de Colombia, la superación de este problema requiere además de profundas reformas sociales, culturales, económicas y educativas que permitan a las gentes del común tener tiempo para dedicar a pensar, razonar y participar de los asuntos públicos de la nación, ya que el actual orden social ha hecho de los ciudadanos esclavos del consumo y/o sujetos que buscan sobrevivir ante la crisis social y económica por la que atraviesa la sociedad Colombiana.[4]

Ante dicha situación es necesario, para abrir caminos de reconciliación y de reconstrucción nacional que: 

- Se priorice en los procesos de construcción de paz territorial el fortalecimiento de las organizaciones sociales, brindándoles acompañamiento técnico, acceso a presupuestos participativos y construcción conjunta de agendas y proyectos locales que permitan tramitar con anterioridad las demandas sociales de las comunidades. 

-Garantizar el papel vinculatorio y decisorio de los mandatos generados por las instancias de participación ciudadana (consejos comunitarios, congresos populares, coordinaciones intersectoriales e interinstitucionales, cabildos abiertos, asambleas constituyentes etc…). 

- Construir un sistema integral de información con capacidad de difundir por medios virtuales y físicos las ofertas, experiencias exitosas, censos de organizaciones, análisis estadísticos sobre la participación ciudadana, entre otros; que permitan a los entes territoriales, y sociedad civil contar con información actualizada y oportuna para la construcción e implementación de programas, planes y proyectos que tengan que ver con el fortalecimiento de la participación ciudadana. 

- Garantizar el acceso de las organizaciones sociales, comunitarias y veedurías ciudadanas a medios de comunicación de cobertura regional y nacional de manera permanente para la difusión de sus ofertas y programas disponibles. 

- Promover campañas de difusión de los mecanismos de participación ciudadana y desestigmatización de las organizaciones sociales y veedurías ciudadanas incentivando la vinculación de nuevos afiliados a dichas organizaciones y movimientos sociales. 

- Garantizar el derecho a la movilización, la protesta, la libertad de pensamiento y de asociación. 

- Promover la creación de cátedras de cultura política y convivencia pacífica para ser incluidos en el sistema educativo, y ser brindado de manera abierta, sistémica y permanente a líderes, organizaciones sociales y defensores de DH. 

Estas medidas tendrán impactos multidimensionales en la consolidación de la democracia participativa al sentar las bases para la construcción de una sociedad civil fuerte con capacidad de hacer control social, reconstruir el tejido social de las comunidades, fortalecer la acción colectiva, y promover una mayor utilización de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la ley 1757 del 2015, robusteciendo el estado social de derecho y la Democracia Colombiana. 

Análisis sobre la participación ciudadana (político) en Sevilla.

Según el diagnóstico del plan de desarrollo municipal de Sevilla las organizaciones sociales sufren dificultades internas que muchas veces obstaculizan el trabajo y proceso que ellas mismas llevan. Ahí es importante, pensarse en una línea de trabajo, que contribuya al fortalecimiento de dichos procesos, puesto que el tener organizaciones constituidas es un avance muy importante para la consolidación de la democracia.

Para esto el plan territorial 2016-2019 Sevilla nos une, refleja una serie de propuestas que coindicen en el fortalecimiento de la participación ciudadana, pero que aún se quedan cortas frente a la importante sinergia que se podría propiciar entre institucionalidad y organizaciones sociales para avanzar en el fortalecimiento de la democracia participativa. 

El análisis cuidadoso del plan territorial 2016-2019 nos indica que no hay un diagnostico actualizado sobre las características cuantitativas y cualitativas que reflejen las fortalezas y debilidades de dichas organizaciones sociales, y que permita construir programas de reconocimiento, fortalecimiento, promoción, educación y articulación de trabajos entre la institucionalidad local y las organizaciones autónomas de las comunidades. 

Como otra fuente de análisis sobre los niveles de participación ciudadana es importante describir que tanto acceden los sevillanos a los mecanismos de participación ciudadana como el voto popular.

El censo electoral de Sevilla en el año 2011 es de 36,086 personas aptas para votar de los cuales en las elecciones del 2011 para alcaldías y consejos municipales ejercieron el derecho al voto 18.231 personas equivalente al 50.52% del total de personas aptas para votar, teniéndose una abstención de 49,48%. 

El censo electoral de Sevilla en el año 2015 es de 37,915 personas aptas para votar de los cuales 18.657 corresponden a mujeres y 19.258 a hombres; en las elecciones del 2015 para alcaldías y consejos municipales ejercieron el derecho al voto 16.081 personas equivalente al 42.42% del total de personas aptas para votar, teniéndose una abstención de 57,58% lo que nos demuestra que los niveles de abstención local son directamente proporcionales a los datos nacionales y que más de la mitad de la población apta para votar no participa de dicho mecanismo porque considera no sentirse representados en los partidos y candidatos presentados o no creen en los mecanismos de participación que establece el régimen político colombiano. 

En la imagen siguiente mostraremos algunas situaciones del porque no participan las personas y cuáles pueden ser algunas propuestas para potenciar la participación ciudadana.

BIBLIOGRAFIA Y WEBGRAFIA:

[1] http://www.eluniversal.com.co/politica/colombia-un-pais-abstencionista-158752 

[2] http://www.lanacion.com.co/index.php/politica/item/176756-participacion-ciudadana-es-un-fracaso-moe 

[3] http://www.laopinion.com.co/colombia/segun-estudio-colombia-es-uno-de-los-paises-mas-ignorantes-del-mundo-103368#ATHS 

[4] http://www.laopinion.com.co/economia/colombia-el-segundo-pais-mas-desigual-de-america-latina-108219#ATHS

-DIAGNÓSTICO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.

-PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL 2016 – 2019 “SEVILLA NOS UNE”.

JHON FREDDY GRISALES GALVIS 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

-ESAP- RÉGIMEN Y SISTEMA POLÍTICO 

COLOMBIANO II.

 SEVILLA – VALLE DEL CAUCA. 

-MARZO DEL 2017-