CANCIÓN: NIÑA NO SUFRAS MÁS

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BREVE MARCO TEÓRICO SOBRE EL CONCEPTO DE PAZ O PACES

*Jhon Freddy Grisales Galvis,

Escuela Superior de Administración Pública -ESAP-.

Resumen: El presente texto, refleja una parte de los resultados del diplomado de investigación cursado con la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP- y, tiene como objetivo condensar diversas teorías que se han señalado alrededor del concepto de la paz o las paces.

La metodología utilizada, consistió en la revisión de artículos que sistematizan los avances investigativos sobre la paz y su relación con el conflicto, además, la elaboración de este breve marco teórico, permitió proponer una mirada de la paz en la que el conflicto se concibe como condición inherente a la sociedad e impulsor de cambios sociales, económicos, políticos y culturales.

Palabras Claves: paz, paces, paz espiritual, paz como no guerra, paz negativa, pax romana, paz positiva, paz como valor, el valor de la paz en sí misma, paz neutra, paz imperfecta, paz popular integral transformadora, paz trascendente. 

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TENEMOS CONSEJO TERRITORIAL DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA EN SEVILLA, VALLE DEL CAUCA.

Con 9 votos a favor y 2 en contra, se aprueba el día martes 19 de diciembre del 2017 el proyecto que modifica el acuerdo 002 del 2014, dando a si vía libre para la conformación del Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia del municipio de Sevilla, como organismo asesor y consultivo de la administración municipal frente a la implementación de los acuerdos de paz, la promoción de la convivencia, la reconciliación y la no estigmatización.

El acuerdo municipal fue presentado por la administración municipal y acompañado por diversas organizaciones sociales, que ven con muy buena cara la conformación de dicho consejo para avanzar en la materialización del acuerdo de paz firmado por el gobierno nacional y la insurgencia de las FARC-EP el 24 de noviembre del 2016, y que ha prometido ser una herramienta para la modernización del país, la profundización de la democracia y el establecimiento de la paz.

La sesión se llevó a cabo desde las 3:30 pm y finalizo a las 7:30 de la noche, contando con una significativa participación de líderes de organizaciones sociales que actuaron como veedores de dicho proceso.

Según lo estipulado en el proyecto de acuerdo aprobado, el alcalde municipal tendrá 30 días de plazo para la conformación y lanzamiento público de dicho organismo; la naturaleza del consejo es ampliamente incluyente con los diversos sectores del municipio (mujeres, jóvenes, servidores públicos, excombatientes, artistas, victimas, estudiantes, campesinos, organizaciones sociales, partidos y movimientos políticos, entre otros); el consejo territorial de paz, reconciliación y convivencia deberá impulsar procesos de capacitación, investigación, gestión, y elaboración de programas, planes y proyectos para la implementación de la reforma rural integral, la participación política, la reparación de las víctimas, la reincorporación de los excombatientes, la promoción de la convivencia, la reconciliación y la no estigmatización.

El acuerdo municipal se desarrolla como mandato de la ley 434 de 1998 y del decreto ley 885 de mayo del 2017, que permitirá fortalecer y articular los múltiples procesos de construcción de paz y defensa de los derechos humanos en el territorio, para la construcción de una paz estable y duradera.

Escrito por: 

Jhon Freddy Grisales Galvis

Red de Observadores y Gestores de Paz del Valle del Cauca.

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LA PAZ Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN UN CONTEXTO DE LIBRE MERCADO.

Abstract: El artículo hace una contextualización de los cambios sufridos en el tránsito del Estado de bienestar al modelo neoliberal, ubica el tema de la centralización como uno de los problemas históricos de Colombia, presenta los programas de desarrollo con enfoque territorial –PDET- y las Zonas de Reserva Campesinas –ZRC-, especialmente desde sus componentes de planeación y destinación presupuestal, como una de las estrategias para trasformar la administración sectorial a una territorial, que reconozca las demandas y perspectivas de quienes habitan los territorios periféricos. 

Además, resalta la necesidad de que los movimientos campesinos, propendan por defender iniciativas de descentralización administrativa y fiscal, que dé más autonomía a las regiones, para transitar a un escenario de paz. 

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Palabras Claves: Estado, Territorio, planeación (estratégica y normativa) apertura económica, paz, zonas de reserva campesinas -ZRC-, programas de desarrollo con enfoque territorial -PDET-, descentralización, Sevilla, Colombia. 

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El Estado de bienestar, se caracterizó por tener un fuerte aparato burocrático de servidores públicos, que buscaba garantizar el cumplimiento de los fines y funciones del estado al proveer directamente los servicios de educación, salud, agua, electricidad, entre otros. 

El modo de producción era eminentemente capitalista, aunque con algunas pequeñas diferencias con el actual modelo económico (neoliberal), ya que la teoría keynesiana, propendía por la inclusión de los ciudadanos al mercado laboral, al considerar que si las personas tenían trabajo, serian potenciales consumidores de los productos generados por la industria. 

Si bien, imperaba en las relaciones económicas principios planteados por los clásicos de la economía como Adam Smith y David Ricardo, en los que el mercado se autorregularía por medio del ejercicio entre la oferta y la demanda, y Colombia estaba dedicado por las lógicas de la división internacional del trabajo a la producción de materias primas, para abastecer las demandas de países industrializados como Gran Bretaña, los Estados Unidos, entre otros. El Estado ejercía algunas funciones de regulación de la economía, para evitar la creación de monopolios económicos que impusieran precios basados en intereses de las grandes corporaciones. 

La oleada neo-liberalizadora, inició en América Latina por medio de la dictadura militar de Pinochet en Chile y se expandió por diversas partes del continente apoyada en múltiples golpes de Estado, dicho modelo, asumió como base programática el denominado consenso de Washington y los lineamientos del economista Milton Friedman, en el que se dictaban directrices para avanzar en el achicamiento del Estado, profundizar la libertad de mercado y generar procesos de apertura a mercados internacionales. 

El Estado, perdió su protagonismo como agente de desarrollo, delegándole dicho papel a la empresa privada; algunos autores señalan que el modelo no sería tan extremadamente depredador, si en los lugares donde se implantará existiera un aparato estatal capaz de hacer control a las empresas y, una ciudadanía fortalecida para apoyar los procesos de vigilancia en la ejecución de los recursos públicos y exigibilidad de derechos. 

El neoliberalismo, demostró ser un fracaso para las clases bajas y medias, pero una bendición para el gran empresario y las corporaciones trasnacionales, porque les permitió devorar recursos públicos y bienes naturales sin ninguna mesura.

El proceso de descentralización del Estado, fue igualmente una frustración, la promesa de que al descentralizar las funciones se permitiría construir un estado con mayor capacidad de suplir las necesidades de las regiones periféricas, se ha quedado en una tarea incumplida. 

Para (Fals Borda & Borja, 1998), el ordenamiento territorial es considerado como uno de los problemas principales del país, por lo cual, es necesario en un escenario de construcción de paz, tener en cuenta la necesidad de un nuevo ordenamiento territorial, en el que se dé más autonomía fiscal y administrativa a las regiones, posibilitando la construcción de una república regional unitaria. 

“El ordenamiento territorial, en efecto, trata del manejo político -administrativo de los conjuntos humanos que ocupan espacios geográficos concretos, donde las comunidades ejercen funciones sociales ligadas a la economía, la cultura y el medio ambiente” (Fals Borda & Borja, 1998)

Por lo señalado anteriormente podemos indicar que, “la paz territorial” o el “enfoque territorial” que propone el actual proceso de paz, tiene retos inmensos para garantizar cambios sustanciales que dignifiquen la vida de la clase baja y media de la sociedad, y fortalezca el Estado en los territorios, para garantizar el cumplimiento de la reforma rural integral y la ampliación de la democracia. 

El acuerdo de la Habana, plantea lineamientos para fortalecer la participación ciudadana en la definición de los programas, planes y proyectos que estén orientados a la implementación de los acuerdos de paz, los PDET[1] (decreto ley 893 del 2017) por ejemplo, buscan ser un mecanismo que permita a las comunidades fortalecer sus procesos organizativos autónomos y plasmar sus visiones de desarrollo territorial en los PATR[2]; lastimosamente la administración pública no funciona solamente bajo la expedición de normas, existe otro tipo de problemas aún de carácter político y epistémico, sobre el cómo deben funcionar las entidades para garantizar dicho enfoque territorial. 

Para (Cerón, 2017), lo adecuado sería “implantar sistemas de planificación territorial que permitan el método estratégico de planificación, de modo que el horizonte y las revisiones no dependan de la cronología sino de las situaciones que son permanentemente cambiantes y complejas”. 

Contrario a lo señalado por el docente de la ESAP[3] Valle, la ART[4] ha venido implantando para la construcción de los PDET el método tradicional de planeación normativa, basada en esquemas centralizados, verticales y secuenciales, que no permite la adecuada participación y empoderamiento de las comunidades, para que efectivamente sus proyectos colectivos de desarrollo territorial se vean reflejados en la ejecución de dichos programas. 

A pesar de que Sevilla, Valle del Cauca, no fue uno de los 170 municipios seleccionados por la CSIVI[5] para la implementación de los PDET, por no cumplir con los cuatro requisitos estipulados para ser priorizado (nivel de afectación del conflicto, índice de necesidades básicas insatisfechas, presencia de economías ilegales y debilidad del estado), sería de gran importancia revisar como la figura de las zonas de reserva campesinas -ZRC[6]- podrían desempeñar un papel determinante en el proceso de modernización, empoderamiento ciudadano, trasformación regional y fortalecimiento del Estado local. 

Según la Coordinación Campesina del Valle del Cauca -CCVC-, las zonas de reserva campesina (ZRC) son el producto de la histórica lucha del campesinado colombiano por el reconocimiento del derecho al territorio y la territorialidad campesina, luchas agrarias que lograron que esta propuesta fuera contenida en el capítulo XIII de la Ley 160 de 1994 y posteriormente reglamentadas mediante el decreto 1777 de 1996; podemos además, definirlas como áreas geográficas que tienen en cuenta las características ambientales, agroecológicas y socioeconómicas regionales para el ordenamiento territorial, social y cultural de la propiedad, en búsqueda de estabilizar y consolidar la economía campesina. 

Para la construcción de una -ZRC- es necesario elaborar un plan de desarrollo sostenible, participativo y democrático, basado en las necesidades y expectativas de las organizaciones. Dicho ejercicio de planeación, deberá constituirse en un sistema integral de planeación y gestión, que permita generar un proceso coordinado entre municipio, academia y organización campesina; para los momentos de planeación, ejecución y control de las actividades. 

La trasformación sectorial a la territorial, se dará en la medida que las comunidades, instituciones locales y academia logren constituir sistemas de planeación, ejecución y control de los PATR y los planes de desarrollo sostenible de las ZRC; que deberán respetar el carácter vinculatorio y decisorio de las instancias de concertación comunitaria y obtener una adecuada destinación presupuestal del gobierno nacional para la ejecución de dichos planes. 

Pero, no bastara solamente con la construcción de esta figura de ordenamiento en el territorio, sino que, el proceso de planeación, participación ciudadana y gestión deberá servir a las entidades territoriales para redefinir sus formas de planificar. 

Igualmente, los movimientos campesinos deberán propender por respaldar iniciativas descentralizadoras, que den más autonomía fiscal y administrativa a las regiones, permitan redefinir los límites territoriales a partir de afinidades culturales, económicas, geográficas y ambientales, garantizando una equitativa distribución de la riqueza en las regiones, para que no exista centralidad en la destinación de los presupuestos.

Finalmente, debemos resaltar que el acuerdo de paz reconoce la necesidad de fortalecer la económica campesina, al comprender que en un contexto de apertura económica, las pequeñas economías son las más afectadas en un proceso de libre mercado. 

Referencias Bibliográficas: 

Ceron, M. A. (2017, agosto 11). MIGUEL ANGEL CERON: LINEAMIENTOS DE UNA PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE LOS PDET. Recuperado 1 de noviembre de 2017, a partir de http://miguelceron50.blogspot.com.co/2017/08/lineamientos-de-una-propuesta-para-la.html

Fals Borda, O., & Borja, M. (1998). «Guía Práctica del Ordenamiento Territorial en Colombia» Contribución para la solución de conflictos. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Recuperado a partir de http://www.mamacoca.org/e_book_Compendio_rural/Orlando_Fals_Borda_guia_practica_ordenamiento.htm

1. Programas de desarrollo con enfoque territorial. 

2. Planes de acción para la transformación regional. 

3. Escuela superior de administración pública. 

4. Agencia de renovación del territorio. 

5. Comisión de seguimiento, impulso y verificación a la implementación del acuerdo final. 

6 Zonas de reserva campesina. 

Escrito por: Jhon Freddy Grisales Galvis

Estudiante Escuela Superior de Administración Publica -ESAP-

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LLAMAMIENTO A DEFENDER LAS CIRCUNSCRIPCIONES TRANSITORIAS ESPECIALES DE PAZ

La red de observadores y gestores de paz del Valle del Cauca, que aglutina a organizaciones sociales de víctimas, mujeres, defensores de derechos humanos, indígenas, afros, organizaciones juveniles, culturales (entre otros), emitimos el siguiente comunicado con profundo sentido de indignación, por el irrespeto del congreso de la república para con las víctimas del conflicto armado en Colombia.

Como un baldado de agua fría hemos recibido la noticia del pasado 30 de noviembre y el último comunicado del presidente del senado de la república Efraín Cepeda Sarabia, en el que se manifiesta la NO aprobación del proyecto de acto legislativo número 05 de 2017 “por medio del cual se creaban 16 circunscripciones transitorias especiales de paz, para la cámara de representantes en los períodos 2018 – 2022 y 2022 - 2026”; una vez más hemos visto que el actual congreso no tiene ni un poco de respeto por el derecho de las víctimas.

Las circunscripciones transitorias especiales de paz -CTEP-, son un mecanismo acordado por el Gobierno nacional y las FARC-EP por medio del acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre del 2016, y que se circunscribe como un Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra; las CTEP son en su espíritu una medida de reparación colectiva que busca dar voz y voto a las regiones más afectadas por el abandono institucional y el conflicto armado.

Las CTEP se constituirían en una herramienta para ampliar la democracia colombiana, permitiendo que organizaciones de víctimas, mujeres, campesinos y grupos significativos de ciudadanos de 177 municipios de Colombia que constituían las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz, pudieran de manera transitoria y excepcional elegir a sus representantes en las próximas elecciones parlamentarias del 2018. 

Hoy, debemos denunciar ante la comunidad pública nacional e internacional que estamos ante un congreso apátrida que no ha tenido la voluntad política, ni la grandeza histórica, para sacar adelante las reformas que requiere la ampliación de la democracia en Colombia, la modernización nacional y la construcción de paz.

Los hechos sucedidos en el proceso de implementación demuestran el fuerte temor que las oligarquías y partidos tradicionales de este país tienen para con los sectores populares, no les gusta las caras plebeyas de gentes del común en el parlamento colombiano. 

El gobierno nacional ha demostrado su incapacidad para sacar adelante la implementación del acuerdo de paz; de 99 senadores habilitados para votar, 50 apoyaron las CTEP, 7 las rechazaron y 42 brillaron por su ausencia, de dicho panorama los principales enemigos de la paz, el centro democrático y cambio radical lograron obstruir por intereses mezquinos la posibilidad de que las victimas tuvieran representación directa en la cámara de representantes.

Finalmente, hacemos un llamado enérgico a las mesas de víctimas, a los consejos territoriales de paz, a los movimientos campesinos, de mujeres, a los indígenas y los afros, a los trabajadores, los universitarios, los jóvenes, los comunales, a los artistas e intelectuales y a la comunidad internacional, a defender las circunscripciones transitorias especiales de paz, porque el sueño de la democracia no nos lo puede arrebatar los señores de la guerra y la perfidia de este país.

Diciembre 7 del 2017, Valle del Cauca, Colombia.

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DECLARACIÓN RED DE OBSERVADORES Y GESTORES DE PAZ

El día viernes 17 de noviembre del 2017 se reunieron 66 líderes sociales y comunitarios de diferentes municipios del Valle del Cauca, con el propósito de conformar la Red Departamental de Gestores de Paz, que surge como resultado del diplomado de paz territorial convocado por el programa de naciones unidas para el desarrollo -PNUD-, la Universidad del Valle y la Gobernación del Valle del Cauca.

De manera colectiva se consideró que los principales retos para la construcción de paz territorial están encaminados a garantizar la vida de líderes y defensores de derechos humanos quienes en su ejercicio de defensa de la paz están siendo perseguidos, estigmatizados y asesinados; igualmente vemos necesaria la conformación y dinamización de los consejos territoriales de paz, reconciliación y convivencia, como escenarios de articulación y empoderamiento frente a la implementación de los acuerdos entre el Gobierno y la FARC; identificamos la necesidad de promover procesos de formación, movilización y articulación con otros sectores sociales e instituciones para garantizar la adecuada construcción de paz desde los territorios; consideramos de gran importancia fortalecer los medios alternativos que permitan visibilizar procesos sociales y que promuevan la participación de la ciudadanía.

Por lo señalado anteriormente, proponemos conjuntamente: llevar acabo las veedurías necesarias para garantizar la implementación efectiva de los acuerdos; sostener comunicación permanente entre los gestores de paz, buscando establecer espacios de encuentro por subregión cada mes y a nivel departamental cada dos meses; establecer una agenda común de iniciativas territoriales de paz; convocar el mayor número de organizaciones y líderes en el departamento para fortalecer este espacio de coordinación; vincular a las instituciones públicas, privadas, academia y movimientos sociales para comprometerlos en el respeto a la vida, construcción de paz territorial y elaboración de las políticas públicas con la participación activa de las comunidades. 

En constancia de lo señalado anteriormente, se aprobó por unanimidad la presente declaración en la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca.

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-ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL CINE, Y EL MODO DE PRODUCCIÓN.

Recuerdo un domingo en la mañana prender el televisor y ubicar los canales de Disney XD y Cartoon Network, en el que se trasmiten algunos de los programas favoritos de los niños colombianos: “Los vengadores”, “Flasch” y “El capitán América”; al siguiente día prender nuevamente el televisor y observar en TNT las películas de “Rambo”, “El Marino” y “Soldado Universal”; cine producido desde Hollywood que introduce en la mayoría de sus películas dos elementos en común, un personaje Americano que salva el día, y la reafirmación del sueño Americano. 

Después de leer un poco de Antonio Gramsci, y Louis Althusser sobre ideología y aparatos ideológicos de Estado en los que se describe el papel del arte, los medios de comunicación, la religión, y los sistemas educativos en la reproducción de una cultura hegemónica; empiezo a entender porque cada que prendo el televisor identifico en la mayoría de sus programas la incitación a un modo de sociedad diferente a las realidades propias de nuestras comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes; en muchas ocasiones dichos programas introducen la representación de los pueblos del tercer mundo (África y América Latina) como sociedades sospechosas, en los que reinan los narcos y bandoleros; mientras a los pueblos de las denominadas civilizaciones desarrolladas se les presenta como los más educados, y los héroes que salvaran al mundo del caos. Cuando recuerdo la lectura de epistemologías del sur de Boaventura de Sousa Santos entiendo porque este autor habla permanentemente de la necesidad de relatar las historias y miradas del sur (de los trabajadores, de las amas de casa, de los ambientalistas, campesinos, indígenas y afros) que representan las mayorías sociales en los pueblos de todo el mundo y a los que se les niega la memoria y la identidad.

Dicho proyecto cultural está sustentado en un modo de producción que ha generado una crisis permanente en los valores, la economía, y el ambiente; conllevando a la insostenibilidad del planeta, ya que la explotación desmesurada de los bienes comunes de la naturaleza (no renovables) se hace sin ningún nivel de preocupación por la vida animal, natural y humana. La felicidad ilusoria que dicha sociedad de consumo vende a las comunidades bajo la premisa de tener más para ser felices, ha limitado la posibilidad de que los seres humanos persigan sus sueños como vía hacia la felicidad; en pleno siglo XXI las ciencias humanas, las artes, la filosofía, el trabajo social, entre otros, tienen cada vez menor relevancia en una sociedad en la que el mercado y el dinero se constituye en el Dios y pasaporte a la “felicidad”. 

Bibliografía: 

De Sousa Santos, B. (2009). Una epistemología del sur: la reinvención del conocimiento y la emancipación social. Siglo XXI.

Althusser, L., & Acosta, H. R. (1974). Ideología y aparatos ideológicos de Estado.

Documental Historia de las cosas, referenciado en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY

Cortometraje concepto de Estado, Educatina, referenciado en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=LyKfB7oaF60

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LA DESCENTRALIZACIÓN, UNA DE LAS CLAVES DE LA GUERRA O LA PAZ

Jhon Freddy Grisales Galvis

Estudiante ESAP Sevilla, Valle del Cauca.

Las características geográficas y la diversidad étnica y cultural del pueblo Colombiano, hacen de este un país de regiones, privilegiado por su pluralidad gastronómica, lingüística y de idiosincrasias, pero a la vez, complejo por su inclinación histórica a asumir modelos centralistas, populistas y poco democráticos.

Las guerras de inicios del siglo XIX, tenían en su seno el debate sobre la forma de organización centralista o federalista que debía asumir el Estado, en ese entonces, Antonio Nariño y muchos partidarios de las ideas de la ilustración defendieron el centralismo, como una forma de mantener unificada a la república para soportar la arremetida del general español Pablo Morillo. Aunque en el fondo, Nariño consideraba que en otras circunstancias darle poder a las regiones sería la mejor opción para gobernar un país con tantas desigualdades sociales y económicas, ya que el centralismo solo serviría para engruesar las grandes arcas de terratenientes y políticos tradicionales, que se han enriquecido socavando los recursos públicos de la nación.

Posterior a la muerte del libertador Simón Bolívar, el país se sume en un vaivén entre gobiernos liberales y conservadores, que no fueron capaz de darle un rumbo claro al país; cada vencedor en la guerra le imponía sus reglas de juego (Constitución) al perdedor, excluyéndolo políticamente, y a su vez, designaba por medios clientelistas a los funcionarios que administrarían el país en las regiones. 

Al llegar la constitución de 1886, se impone un orden clerical, presidencialista y militar, que delega poderes exagerados al ejecutivo nacional, violentando parte del espíritu de lo planteado por Montesquieu sobre las condiciones para garantizar una democracia medianamente estable. Dicha carta magna duro más de 100 años, en la que se gobernó por medio de estados de excepción y los presidentes se atribuían poderes excepcionales para emitir y derogar leyes desconociendo al poder legislativo, imponiéndose una cultura política centralista y autoritaria, en la que el gobierno en su nivel nacional desconocía las necesidades y particularidades de las regiones e imponía sus intereses particulares.

El presidente de la república era quien elegía a los gobernadores, y estos a su vez a los alcaldes, quienes se sometían a las directrices del gobierno central, que en la mayoría de ocasiones no conocía el país en sus regiones y la pobreza de sus habitantes. Fue a mediados del siglo XX, gracias al proceso de diálogos de paz entre las insurgencias y el presidente Belisario Betancur (1982-1986), que se abordó seriamente el tema de la poca descentralización como uno de las causas estructurantes del conflicto social y armado. Como fruto de dicho proceso, se acuerda la elección popular de alcaldes que se lleva a cabo por primera vez en las elecciones de 1988, proyectándose un interesante ejercicio de democratización de las instituciones locales. 

Dicho intento de descentralización, que posteriormente fue ratificado por la constitución de 1991, no ha tenido los frutos que se esperaba; debido a la fuerte violencia política, a la poca capacidad de la administración pública y de los organismos de control del Estado, para blindar a los entes territoriales de la ambición de gamonales regionales, mafias locales y políticos tradicionales, permitiendo que se convirtieran en grandes empresas del clientelismo y la corrupción.

Lo poco y mucho que se avanzó con el proceso de descentralización, se ha venido reversando, hasta el punto que muchos de los municipios de 6ta categoría como Sevilla, Valle del Cauca, hoy parecen fundaciones mendigando recursos de los ministerios para garantizar los servicios básicos a su población. 

A pesar de que el debate de la descentralización y la cooptación de las instituciones por estructuras neo-paramilitares, ha sido hábilmente opacado por el gobierno nacional en el marco de la implementación de los acuerdos para la finalización del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, estos temas siguen siendo parte fundamental de las reformas políticas necesarias para la profundización de la democracia en Colombia. La descentralización territorial para la paz, debe implicar garantizar recursos económicos suficientes para los municipios más marginados de las zonas periféricas, ya que dentro de los mismos departamentos excluidos hay una centralización de los recursos en las grandes ciudades y municipios aledaños. Igualmente, se hace necesario fortalecer procesos de movilización y control social, político y fiscal en la ejecución de los recursos públicos destinados para el pos-acuerdo. 

Es necesario reconocer que se está avanzando en el proceso de reforma al régimen electoral, está en disputa la aprobación de una nueva ley de participación ciudadana y garantías para la movilización social, se viene reglamentando las circunscripciones espaciales transitorias para la paz, que buscan permitir la presencia de caras plebeyas en el parlamento colombiano, y está en camino los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET-[1], que son fundamentales para la transformación de los territorios más abandonados por el Estado central.

Aunque a pesar de dichos avances, hay una gran incertidumbre, ya que si los PDET como un mecanismo innovador para la construcción de la paz desde los territorios, se elaboran por funcionarios de las entidades nacionales (ADR[2], ART[3], ANT[4]) que desconocen las realidades regionales del país nacional, temen a la participación de la ciudadanía, y además, no generan mayor credibilidad con las comunidades locales; estos no cumplirán la función de superar las grandes brechas entre el centro y la periferia, y el campo y la ciudad. Por lo cual, la ESAP[5] como universidad responsable de asesorar a las entidades para el cumplimiento de los fines del Estado, y que tiene presencia en muchas de las regiones más apartadas del país, debe jugar un papel fundamental en la construcción de sinergias entre comunidad, academia e instituciones, y especialmente en el proceso de formulación, desarrollo y evaluación de los programas, planes y proyectos para sacar adelante la implementación de la Reforma Rural Integral; garantizando el enfoque territorial, étnico y de género. 

Bibliografía: 

• Descentralización en Colombia, semana en vivo, 2016, recuperado del siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=yfkUNcRprkc

• Módulo ESAP: Organización del Estado Colombiano y formas organizativas del Estado a nivel territorial.

• Oficina del alto comisionado para la paz, (2016), acuerdo para la finalización del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

• Miguel Cerón, Comentarios a la ART y los PDET, (2017), recuperado del siguiente link: http://miguelceron50.blogspot.com.co/search?updated-max=2017-08-15T08:35:00-07:00&max-results=7

[1] PDET: Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. 

[2] ADR: Agencia de Desarrollo Rural. 

[3] ART: Agencia de Renovación del Territorio. 

[4] ANT: Agencia Nacional de Tierras. 

[5] ESAP: Escuela Superior de Administración Pública.

Escrito por: Jhon Freddy Grisales Galvis

Estudiante ESAP Sevilla, Valle del Cauca.

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UNA APROXIMACIÓN EPISTEMOLÓGICA AL PAPEL DEL ARTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

El termino PAZ tiene múltiples interpretaciones según el tiempo, espacio y doctrina filosófica desde la que se interprete la realidad, por lo cual es importante aproximarnos a dicho termino reconociendo saberes locales y globales que rodean este complejo pero esperanzador concepto. Han sido muchos los autores que han hecho investigación científica de la paz y la guerra como objeto de estudio; entre ellos encontramos al Noruego Johan Galtung, quien nos señala que para hablar de paz hay que primero conocer sobre las formas de violencia que se presentan en las sociedades, para dicho autor existen tres formas de violencias: las simbólicas, las estructurales, y las directas; por ende dos categorías de la construcción de la paz, la primera denominada como paz negativa que pasa por tramitar los conflictos que se expresan por medio de las violencias directas (Callar los fusiles), como paso inicial para forjar una paz con mayores transformaciones culturales y estructurales que este teórico denomina como la paz positiva. 

La definición de paz positiva dada por Galtung dialoga permanentemente con la justicia social que tiene su sustento en las premisas de que la paz debe representar justicia en la distribución de la riqueza (tierra, capital, trabajo) e igualdad en el acceso a derechos sociales, económicos, culturales y ambientales.

Galtung nos señala además que es en las violencias culturales y simbólicas donde se encuentra parte de las causas que dan origen y reproducen las violencias estructurales y directas; entre las violencias culturales podemos referir el patriarcado, el colonialismo, la ignorancia, la manipulación mediática, el racismo, la xenofobia, el desarraigo, entre otros. 

Para el profesor Alfredo Molano la firma del acuerdo de paz de la Habana, Cuba, fue un paso fundamental para parar una guerra de más de 50 años entre las FARC y el gobierno nacional, generando un punto de inflexión histórica que abre la puerta para gestionar un conjunto de reformas sociales que dignifiquen la vida de los pobladores rurales y víctimas del conflicto armado.

Aunque dicho acuerdo de paz no represente el fin de la guerra en su totalidad, ya que aún existen otros actores armados en el país, y se avizora el incremento de la presencia neo-paramilitar en los territorios, si se observa un importante desescalamiento de la confrontación armada, y un compromiso de uno de los actores de pasar del escenario de confrontación político – militar al lugar meramente del debate de las ideas democráticas y civilizadas.

Desde la perspectiva del profesor Francisco Muños de la universidad de Granada, la paz es un proceso de construcción imperfecta es decir no tiene un punto de llegada, es el motor que mueve procesos de cambio y evolución humana.

Como segunda aproximación el término Arte que etimológicamente está relacionada con la creación, es el sustento para posibilitar otras formas de Sentipensar la construcción de otros mundos posibles. En nuestro caso el Hip - Hop Kultura[1] como movimiento consiente o Conciencia en Movimiento reconoce los centros urbanos como sus territorios espaciales inmediatos, aunque no se limita solo a estos, sino que se define como una comunidad global con presencia en los campos y ciudades, y como una colectividad con lenguajes, tradiciones, símbolos, y perspectivas comunes. 

Como un componente de contextualización es importante señalar que el Hip-Hop ingresa a nuestro país hace varios decenios por medio de los inmigrantes latinos que viajan al norte de américa y retornan a Colombia con saberes culturales y espirituales de los afros pobladores de las tierras del norte, quienes fueron desplazados como fruto de la etapa del esclavismo formal. El Hip-Hop en sus raíces se constituye como una cultura que da voz a los marginados, y se reafirma por medio de la Declaración de Paz del Hip-Hop Como una comunidad de y para la paz, el amor, la justicia, y la sana diversión.

El tercer término de gran relevancia es el de historicidad que hace referencia a la historia y a la veracidad, esto implica un ejercicio de recuperación de la memoria a partir de procesos de verdad, que debe permitir relatar las historias de la Colombia profunda que ha sido marginada tanto en campos como ciudades, y describir las causas, efectos, y condiciones que generaron y prolongaron uno de los conflicto más largos del continente; y en dicho ejercicio las artes deben jugar un papel muy importante. 

Los artistas debemos asumir una postura más activa en el proceso de reconciliación de la familia colombiana; ha sido comprobado que en sociedades donde reina la polarización y el miedo, el arte por su capacidad de trascender fronteras geográficas, mentales e ideológicas, puede posibilitar escenarios de encuentro, de reconocimiento, y de catarsis, entre actores que antes se percibían como enemigos a muerte y que ahora se asumen como contrincantes de ideas.

El arte urbano para la paz, la memoria y la reconciliación no puede permitir ser absorbido por las dinámicas banales en las que nos sume el sistema hegemónico de mercado, este por el contrario debe reflejar los sentires y deseos de las comunidades a las que se pertenece y con las que se convive; el arte debe denunciar a esa sociedad con la que no se está de acuerdo y anunciar el deseo de construir una nueva y mejor sociedad para la paz, y la vida dignidad. 

[1] En la organización Zulú Natión se utiliza la K para la palabra cultura en contraposición a las imposiciones gramaticales planteadas desde occidente, reafirmando la capacidad de auto-determinación que tienen el Movimiento Hip-Hop.

Escrito por: Jhon Freddy Grisales, 18/09/2017/

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Pequeña minería… ¿artesanal o criminal? La cuestión minero-campesina y ambiental en Sevilla, Valle del Cauca

Segovia y Remedios, en el departamento de Antioquia, no son los únicos municipios de Colombia en que hoy en día se está viviendo una ofensiva en contra de los pequeños mineros. Si bien allá el problema ha explotado en enormes protestas, cuya represión ya ha dejado un saldo de tres muertos y decenas de heridos, hoy existen muchas regiones en Colombia en las cuales están presentes todos los ingredientes de la explosiva mezcla que llevó a Segovia y Remedios a estallar. Uno de estos municipios es Sevilla, en el nororiente del Valle del Cauca, colindando con tierras quindianas y tolimenses.

Este municipio, declarado capital cafetera de Colombia, tiene bellas calles salpicadas de casas coloridas en el estilo propio de los pueblos de colonización antioqueña, y es de arraigada tradición liberal –materializada en una estatua de Gaitán en el parque y representada en una extendida tradición intelectual y cultural. De hecho, el pueblo fue fundado por guerrilleros liberales que, después de la Guerra de los Mil Días, llegaron a tumbar monte en busca de la prosperidad y un buen vivir. Un siglo más tarde, este campesinado es nuevamente perseguido por el Estado, en un rincón de este municipio. Cerro arriba, por encima de los 2.000 metros, en la parte fría, cruzando brumosos caminos destapados rodeados de pinos y eucaliptos propiedad de Smurfit Kappa Cartón de Colombia S.A., se llega al corregimiento de Alegrías. Este corregimiento, ubicado en el camino de Sevilla a Barragán (Tuluá), limita con Roncesvalles en el departamento de Tolima, así como con el Quindío. Tiene páramo y algunas zonas un poco menos frías en las partes más bajas, atravesadas por el río Bugalagrande. Aunque aquí prima la vegetación nativa de altura y de frío, en el camino es francamente desolador ver los desiertos verdes que genera el monocultivo agroindustrial de pinos y eucaliptos, siendo el paisaje frecuentemente interrumpido por peladeros creados por la actividad maderera. Acá se da el frijol, el repollo, la zanahoria, el tomate de árbol, el lulo, la mora, la fresa, la arracacha, pero lo que más se ve es la ganadería de vaca criolla. Sin embargo, en los últimos años, la actividad minera, sin ser la principal actividad, es lo que más está dando para hablar, y lo que se ha convertido en la causa de la persecución por parte de los agentes del Estado.

Pequeña minería: artesanal y de subsistencia

Los orígenes de la pequeña minería en esta región se remontan a las épocas previas a la invasión y conquista española. Nos comenta el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Alegrías, Oscar Devia, que “esto comenzó con cinceles y martillo en la quebrada de la Profunda. Aun hoy encontramos las guacas de ellos por acá cerca. Pero ellos eran personas muy cultas, que sacaban el oro y también cultivaban la tierra, que veían el territorio como un lugar donde vivir y no sólo para explotarlo”. La minería en esta región se hace fundamentalmente en zonas de aluvión, en las márgenes del río Bugalagrande. Esta minería, se ha hecho con bareque desde siempre, con un impacto mínimo y sin afectar la tradición campesina del pueblo. Desde los últimos años, han comenzado a utilizar un sistema denominado de cajón o laberinto, el cual consiste en palear arena de los playones sobre una caja con un entramado de alambres, en los cuales se filtran las “pelusas” o pepas de oro, que quedan atrás. No se necesita mercurio para separar el oro, pues este ya sale en forma de pepa. El impacto, como pudimos comprobar en una reciente visita, es mínimo, y las más de las veces, los mismos mineros incluso tapan los huecos.

Muchos de estos mineros son campesinos que se ven forzados a suplementar sus ingresos debido a lo magra situación del campo. Algunos campesinos están haciendo apenas 10 ó 15 litros de leche al día, y eso no deja casi nada. A $75.000 el gramo de oro, muchos van a probar suerte al río. Pero hacer un gramo no es nada fácil. Hay días en que va bien, y otros en que uno puede tardar hasta tres días para hacer apenas un gramo; si bien el oro da un cierto respiro económico al campesino, está lejos de ser un ingreso seguro, estable o apropiado. Es más bien parte de esa tradición de rebusque en la cual sobrevive la mayor parte de la población. “Yo soy apicultor”, nos explica uno de ellos. “Ahora en marzo, abril, que es la primera cosecha, no salió miel ni para el remedio de la casa. Ahorita para agosto, septiembre, se ve difícil. Allá en el Quindío, la gente anda es con ganas de llorar. Se han muerto miles de colmenas por las fumigas de la granadilla. Acá el problema es con el glifosato y los insecticidas que usa la Smurfit”.

La situación social allá no es fácil tampoco, como lo menciona una campesina, que desde su casa, ubicada más abajo de Alegrías, en Santa Fe, se desahoga con nosotros. “Mire, vea usted estos cambuches en los que vivimos. Esto es pura tabla, apenas tenemos electricidad, y por eso el Estado nos tiene clasificados como estrato 2. ¿Puede creerlo? Acá deberíamos ser es estrato 0, pero así lo amañan todo y después dicen que ya no quedan casi pobres en Colombia, y usted ve a su alrededor qué pobreza tan brava”. Devia agrega que “llevamos ocho meses que no han venido a hacer brigada de salud los del hospital. Acá son muy elegantes cuando vienen, pero cuando vamos allá nos atienden como si fuéramos un animal, como un pecuecoso, así nos ven. Allá lo desconocen a uno”. Según él, la minería es una solución a la complicada situación del campesino. Dicen que han sido muy golpeados por el Tratado de Libre Comercio, tanto con el de EEUU pero principalmente con el de la Unión Europea, que su leche tiene mucho menor salida que antes y aun así el precio que se le paga al campesino es en promedio 300% menos que lo que cuesta el litro en el mercado. Si hubiera más apoyo para que los campesinos puedan producir y sacar al mercado sus productos sin tanto intermediario, y si el gobierno tuviera un compromiso real con la implementación de lo acordado en el punto uno sobre desarrollo rural en el acuerdo de paz de La Habana, no tendrían que recurrir a la minería de la misma manera para poder llevar algo a la olla. La ven como un último recurso. “Si hay un verano largo, yo necesito una alternativa, y eso es el oro para nosotros”.

Dragas, medio ambiente y tejido social

Pero en parte del 2014 al 2016, llegaron mineros de otras zonas del país, pero sobre todo de Cartago, que trajeron técnicas más destructivas de explotación, como el uso de dragas. Esta llegada coincidió con la salida de la insurgencia del territorio, en este caso particular, la columna móvil Víctor Saavedra de las FARC-EP. Esta situación en la cual el vacío dejado por los insurgentes da paso a prácticas nocivas para el medio ambiente se ha registrado también en otras zonas del país, como el Caquetá. Del mismo modo, en muchos lugares de los cuales se retiraron los insurgentes, también se ha dado un proceso semejante de descomposición del tejido social. Este proceso es aún más notorio en zonas con un alto influjo de población flotante (temporadas de cosecha, zonas cocaleras o mineras, etc.), en las cuales se agrupan grandes cantidades de personas desarraigadas y sin los lazos sociales íntimos de una comunidad que son los que refuerzan las normas de conducta. Aún cuando estas personas estuvieron por poco tiempo, Devia se queja de que “dejaron el vicio, y hoy hasta se ve niños fumando marihuana. Esa minería nos ha dejado un trago amargo. Porque vinieron y dañaron lo poquito bueno que había. Los que metieron dragas no son gente de acá de la zona. Creo que se aprovecharon de nosotros, pero es que es gente que sacaba el oro, pero también sacaban el revólver. Nosotros no sacamos ningún provecho de esto y nos preguntamos, ¿si así es el desayuno, cómo será el almuerzo? No había ningún control sino que cada cual a defender lo suyo, así tal cual la mafia. Entonces, esta gente, como se dice, cagaron y se volaron… ¿y qué dejaron? Chinos fumando marihuana, metiendo vicio, con esos gorros y con esos pantalones ahí caídos que muestran la media nalga, y con ese hablado pendejo”… poniendo acento de argot paisa afectado, entre sicario y Maluma, imita “‘oiga cucho, cójala suave’, ‘¿quihubo parce? relájese’…”.

Hace unos años se había dado una situación parecida en un sector conocido como La Mina, en el páramo. Ahí tradicionalmente los campesinos habían barequeado por temporadas, pero llegaron personas que, según Devia, “metieron orugas, retroexcavadoras, y botaban mercurio como quien toma agua de panela… mataron nuestro ganado, los peces… aún hoy usted va a pescar y saca truchas deformes. Ahí estuvo metida hasta gente de la alcaldía. Hicieron un daño grandísimo, que los campesinos de acá nunca habían hecho”. En esa época, 1999 al 2001, habían entrado los paramilitares del Bloque Calima de las AUC a todo este territorio. Según testimonios de campesinos de la región, llegaron con gran violencia, asentándose en las fincas, rompiendo las puertas, quemando casas, robando ganado, desapareciendo muchísimas personas y asesinando a otro tanto: se sabe que en Alegrías mataron al menos 3 personas y 14 más para lados de Barragán (Tuluá). Hasta el día de hoy despiertan terror en los campesinos que rememoran sus desmanes: “Había uno que llamaban Percherón, que era una bestia enorme y levantaba la gente del cuello con una sola mano. Cargaba dos pistolas, una en cada mano. Hasta que una guerrillera mujer, solita, lo quebró en Barragán. El tipo era guapo, pero esa otra mujer era más guapa todavía. De ahí los guerrillos los fueron quebrando y ya no volvieron por acá”.

Eventualmente, esta minería de dragas y retroexcavadoras desapareció hace ya varios años, para reaparecer brevemente en los márgenes del río Bugalagrande, y desaparecer nuevamente. Acá, sencillamente, no hay espacio para estas prácticas. El miedo, empero, que tienen los campesinos es a fuerzas económicas mucho mayores que tienen la mira puesta en sus territorios. Ya se sienten pasos de animal grande.

En la mira de las multinacionales: Anglo Gold Ashanti y Smurfit Kappa Cartón de Colombia S.A.

Ahora se sabe que existen intenciones de explotar la riqueza aurífera de la región por parte de grandes colosos de la minería como la Anglo Gold Ashanti, la misma multinacional que ha enfrentado una heroica resistencia por parte del pueblo de Cajamarca, Tolima. Esta multinacional ya ha hecho la solicitud para explotar el oro de Sevilla. “Aún no hay multinacionales, pero nos tienen el ojo echado.”, dice Devia.“El miedo, es que con esas empresas lleguen grupos armados, financiados por ellos, como ya nos ocurrió en el pasado”. En el contexto de lo que está pasando en todo el país después de la salida de las insurgencias de los territorios y la llegada de paramilitares y otros grupos armados privados, la preocupación de la comunidad es más que justificable.

Pero no es sólo la multinacional minera la cual ha venido causando estragos. También el monocultivo de pinos y eucaliptos por parte de Smurfit Kappa Cartón de Colombia S.A. ha hecho una auténtica hecatombe, que ya se puede constatar subiendo desde Sevilla al corregimiento de Alegrías. En todo ese camino ya no se ve una sola casa de un campesino. Es una hora en moto, en la cual lo único que se ve es el desierto verde. Donde había caseríos dispersos ya no queda nada: en veredas como las Brisas o la Melva, han desaparecido por lo menos 85 fincas. Con el pino, que acaba con el agua de los territorios y que vuelve ácido el suelo, ya la vida misma ha desaparecido en ese trecho, en el cual la única compañía del viajero, es un espectral silencio, interrumpido muy a lo lejos por el canto de un pajarito despistado. Contrasta este paisaje con la explosión de vida y sonidos que uno experimenta ya al llegar a la zona de los campesinos.

Nos dice Devia que “había más de 50 nacimientos de agua y con los pinos, la mayoría se secaron. Tuvimos hasta tres años de verano, y ahí se murió mucho ganado. Ahora la empresa dice que nos quiere ayudar a construir un acueducto, pero el daño ya está hecho. Acá teníamos un nacimiento que nunca se secó y ahora está seco. Los humedales se secaron y eso lo llenaron de pinos”. ¿Cómo irá la multinacional a reparar integralmente a los campesinos por los daños ocasionados en todos estos años? Esta es una demanda que no puede ser obviada por las comunidades que saben que la empresa tiene una deuda grande con ellas y que no se soluciona con las medidas cosméticas contenidas en los manuales de responsabilidad social corporativa.

La cuestión ambiental se está convirtiendo en uno de los puntos clave para unir las resistencias campesinas en contra del modelo económico destructor y extractivista, con la protesta urbana. Esto se ha venido constatando desde las grandes movilizaciones contra la minería en Cajamarca, Tolima, y se ha visto replicado en Quindío, Antioquia, Caquetá, etc. En estas movilizaciones, la consulta popular ha sido un elemento clave movilizador. Es por ello que el gobierno santista está ansioso de acabar con la figura de la consulta popular que representa una piedra en el zapato para el desarrollo de megaproyectos.

La cruzada contra la minería “criminal”: cuando el Estado se acuerda del pueblo

En el 2016 los mineros medianos ya se habían ido, cuando cayó la represión militar en contra de los pequeños campesinos artesanales de la región. El 18 de mayo en un operativo conjunto de la CTI y del pelotón Antílope Nº2 del Batallón de Alta Montaña Nº10 capturan en Santa Fe a 12 pequeños mineros de la región, bajo el cargo de “explotación ilícita de yacimiento minero”. También los quisieron enredar como financiadores y auxiliadores de la Columna Víctor Saavedra de las FARC-EP, pero afortunadamente ese montaje no prosperó. Se les partió exigiendo que debían pagar una multa de $90.000.000, una cifra astronómica para cualquier pequeño minero. Hoy la pena se les ha rebajado a $11.000.000. Aun así, es una multa que es totalmente desmesurada para gente que apenas subsiste. El abogado de oficio que tuvieron, se dedicó a enredarlos y los hizo aceptar cargos diciendo que así saldrían más rápido. Hoy están ya en la tercera audiencia y sienten que los engañaron. “Claro, es que uno confía en el abogado porque es supuestamente el que sabe la ley y nos decía, acepten no más, que salen rápido y ahí quedamos enredados… es que aceptamos presionados por las circunstancias y por el mismo abogado, que en realidad, parece que trabajaba más para el gobierno que para nosotros”, nos comenta uno de los inculpados, mientras se refriega las manos nerviosamente.

El 25 de Setiembre del 2016 hubo otra redada organizada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), el pelotón Antílope Nº2 del Batallón de Alta Montaña Nº10 y el Grupo Delta de la Tercera Brigada de la Tercera División del Ejército, esta vez en Alegrías, en la que capturaron cinco personas. Entre ellos, a tres personas que estaban bañándose en el río y fueron cogidas en trapos menores –lo absurdo de la situación podría hacer reír va más de uno, salvo por el hecho de que hay más de tragedia que de comedia en esta tragicomedia represiva. Hasta a la persona que les vendía comida a algunos mineros la querían atrapar como supuesta auxiliadora.

Mediante una utilización perversa del lenguaje, al minero artesanal, tradicional, de subsistencia, o pequeño, se le comenzó a llamar, primero, minero ilegal. Después, ya se le llamó minero criminal. Ahora se les llama mineros terroristas. En realidad, al nombrar a estos mineros como un tema de orden público se les deshumaniza para justificar esta oleada represiva. Cuando uno habla en las ciudades con la gente sobre el tema de la minería se imaginan que todos estos mineros están forrados en plata, que son unos grandes mafiosos, cuando la realidad es otra. La obsesión en criminalizar a estos pequeños productores tiene más que ver con la disputa por los territorios por parte de grandes intereses económicos en alianzas estratégicas con sectores del Estado.

Buscando una salida: agrominería artesanal o irse a colonizar la luna

El drama de los campesinos y pequeños mineros en la zona de Sevilla reproduce, en un solo municipio, la historia cíclica de represión, despojo, colonización y resistencia que es patrimonio de todo el campesinado colombiano. Es la eterna lucha de los terratenientes y los grandes propietarios en contra del campesino o el pequeño propietario que ejerce un control de facto (rara vez con títulos) sobre su tierra y los recursos disponibles en ella, así como sobre su propia mano de obra, la cual utiliza para la reproducción de su economía a escala familiar. Esas son las dos cosas porque los oligarcas desde siempre les han combatido: porque ellos quieren controlar toda la tierra y sus recursos, así como quieren que el campesino o el pequeño productor trabajen para ellos, no para sí mismos y sus familias.

El campesino en el Valle del Cauca ha sido desplazado a las laderas montañosas por la monstruosa expansión de los ingenios azucareros; ahora, los tenáculos de Smurfit Kappa Cartón de Colombia S.A., los están empujando cada vez más arriba del monte, mientras las partes altas alrededor de los páramos son declaradas zonas protegidas, con lo cual les están siendo progresivamente vedadas. Con cada vez menos espacio disponible para vivir, sin poder ir ni monte abajo ni monte arriba, ¿para dónde más puede coger el pequeño campesino? ¿A colonizar la luna? Con esta tenaza por partida doble, gentil patrocinio de los grandes capitales y del Estado, al campesino le está quedando cada vez más difícil subsistir y cualquier actividad en la que incurre, es declarada ilegal. Ilegal, claro, porque las leyes en Colombia están todas hechas a la medida de los ricos. Se espera que tanto el chico como el grande cumplan con la misma normatividad, aun cuando la escala y el impacto que ambos producen sean totalmente diferentes.

El campesino de hoy en día, no es el campesino de hace un siglo atrás que solamente tumbaba monte y seguía tumbando monte selva adentro o monte arriba. Es un campesino que, debido a la acción de las organizaciones campesinas y de su propia resistencia en el territorio, ha construido una relación diferente con éste. Es un campesino que conserva y puede manejar el impacto sobre el ambiente. Dice Devia que “nosotros mismos somos los que hemos cuidado los bosques, que no se quemen los páramos, mientras que las instituciones reciben la plata, dan licencias a empresas dañinas y nunca vienen hasta arriba de este monte”. Cuando se les pregunta qué es lo que quieren, responde con meridiana claridad: “la minería debe hacerse en relación con la agricultura, para complementar el ingreso del campesino. La gente no puede olvidarse de cultivar la tierra, porque esto da de todo y da mucho trabajo. Debe ser hecha además por gente de la vereda, gente con arraigo, que proteja las aguas y los bosques. Que sea una minería artesanal, como la que hemos hecho de siempre y la que han hecho nuestros ancestros. Hay que construir cooperativas de campesinos y que en el pueblo consuman lo nuestro. Solamente así podremos permanecer en el territorio y conservar esto, para que no sea un hueco que deja una minera o un desierto de pinos”.

Para convertir esta visión en una realidad, es que las organizaciones del municipio, entre ellas ASTRACAVA, se han decidido a impulsar la figura de la consulta popular para poder vetar la entrada de multinacionales mineras que terminarían por destruir el territorio y para que se respete la actividad sostenible de los campesinos. También desde esta organización se ha venido impulsando la creación de Zonas de Reserva Campesina en el departamento, y esta es una figura que podría jugar un rol importante para garantizar la permanencia de estos campesinos en el territorio. La consulta popular hoy es una herramienta clave para que el soberano ejerza su voz sin ambigüedades ante este tema de crucial importancia. Es, también, el principal mecanismo disponible para materializar una alianza efectiva entre quienes en el campo y la ciudad pretenden crear un mundo sostenible, donde se respete la naturaleza y donde los pequeños productores puedan vivir de manera digna, conservando su autonomía. Si el gobierno logra tumbar la consulta popular, se acaba, en la práctica, el carácter de democracia participativa que en el papel caracteriza a Colombia. Pero también habría eliminado la última tabla salvavidas que tienen a su disposición estos campesinos, hijos de esas personas que llegaron escapando de las calamidades de la guerra, buscando nuevos horizontes. Campesinos hoy colgados ante un abismo sin fondo desde un delgado hilo que los une a esa historia cíclica de violencias, resistencias, despojo y esperanzas. Si no somos exitosos en esta labor de rodear, apoyar y defender a estas comunidades, habrá que ingeniárselas a ver cómo se llega de Sevilla a la luna.

José Antonio Gutiérrez D.

Investigador Chileno y Catedrático de la Universidad de Dublín (Irlanda)

24 de Agosto, 2017

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