LA DESCENTRALIZACIÓN, UNA DE LAS CLAVES DE LA GUERRA O LA PAZ

Jhon Freddy Grisales Galvis

Estudiante ESAP Sevilla, Valle del Cauca.

Las características geográficas y la diversidad étnica y cultural del pueblo Colombiano, hacen de este un país de regiones, privilegiado por su pluralidad gastronómica, lingüística y de idiosincrasias, pero a la vez, complejo por su inclinación histórica a asumir modelos centralistas, populistas y poco democráticos.

Las guerras de inicios del siglo XIX, tenían en su seno el debate sobre la forma de organización centralista o federalista que debía asumir el Estado, en ese entonces, Antonio Nariño y muchos partidarios de las ideas de la ilustración defendieron el centralismo, como una forma de mantener unificada a la república para soportar la arremetida del general español Pablo Morillo. Aunque en el fondo, Nariño consideraba que en otras circunstancias darle poder a las regiones sería la mejor opción para gobernar un país con tantas desigualdades sociales y económicas, ya que el centralismo solo serviría para engruesar las grandes arcas de terratenientes y políticos tradicionales, que se han enriquecido socavando los recursos públicos de la nación.

Posterior a la muerte del libertador Simón Bolívar, el país se sume en un vaivén entre gobiernos liberales y conservadores, que no fueron capaz de darle un rumbo claro al país; cada vencedor en la guerra le imponía sus reglas de juego (Constitución) al perdedor, excluyéndolo políticamente, y a su vez, designaba por medios clientelistas a los funcionarios que administrarían el país en las regiones. 

Al llegar la constitución de 1886, se impone un orden clerical, presidencialista y militar, que delega poderes exagerados al ejecutivo nacional, violentando parte del espíritu de lo planteado por Montesquieu sobre las condiciones para garantizar una democracia medianamente estable. Dicha carta magna duro más de 100 años, en la que se gobernó por medio de estados de excepción y los presidentes se atribuían poderes excepcionales para emitir y derogar leyes desconociendo al poder legislativo, imponiéndose una cultura política centralista y autoritaria, en la que el gobierno en su nivel nacional desconocía las necesidades y particularidades de las regiones e imponía sus intereses particulares.

El presidente de la república era quien elegía a los gobernadores, y estos a su vez a los alcaldes, quienes se sometían a las directrices del gobierno central, que en la mayoría de ocasiones no conocía el país en sus regiones y la pobreza de sus habitantes. Fue a mediados del siglo XX, gracias al proceso de diálogos de paz entre las insurgencias y el presidente Belisario Betancur (1982-1986), que se abordó seriamente el tema de la poca descentralización como uno de las causas estructurantes del conflicto social y armado. Como fruto de dicho proceso, se acuerda la elección popular de alcaldes que se lleva a cabo por primera vez en las elecciones de 1988, proyectándose un interesante ejercicio de democratización de las instituciones locales. 

Dicho intento de descentralización, que posteriormente fue ratificado por la constitución de 1991, no ha tenido los frutos que se esperaba; debido a la fuerte violencia política, a la poca capacidad de la administración pública y de los organismos de control del Estado, para blindar a los entes territoriales de la ambición de gamonales regionales, mafias locales y políticos tradicionales, permitiendo que se convirtieran en grandes empresas del clientelismo y la corrupción.

Lo poco y mucho que se avanzó con el proceso de descentralización, se ha venido reversando, hasta el punto que muchos de los municipios de 6ta categoría como Sevilla, Valle del Cauca, hoy parecen fundaciones mendigando recursos de los ministerios para garantizar los servicios básicos a su población. 

A pesar de que el debate de la descentralización y la cooptación de las instituciones por estructuras neo-paramilitares, ha sido hábilmente opacado por el gobierno nacional en el marco de la implementación de los acuerdos para la finalización del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, estos temas siguen siendo parte fundamental de las reformas políticas necesarias para la profundización de la democracia en Colombia. La descentralización territorial para la paz, debe implicar garantizar recursos económicos suficientes para los municipios más marginados de las zonas periféricas, ya que dentro de los mismos departamentos excluidos hay una centralización de los recursos en las grandes ciudades y municipios aledaños. Igualmente, se hace necesario fortalecer procesos de movilización y control social, político y fiscal en la ejecución de los recursos públicos destinados para el pos-acuerdo. 

Es necesario reconocer que se está avanzando en el proceso de reforma al régimen electoral, está en disputa la aprobación de una nueva ley de participación ciudadana y garantías para la movilización social, se viene reglamentando las circunscripciones espaciales transitorias para la paz, que buscan permitir la presencia de caras plebeyas en el parlamento colombiano, y está en camino los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET-[1], que son fundamentales para la transformación de los territorios más abandonados por el Estado central.

Aunque a pesar de dichos avances, hay una gran incertidumbre, ya que si los PDET como un mecanismo innovador para la construcción de la paz desde los territorios, se elaboran por funcionarios de las entidades nacionales (ADR[2], ART[3], ANT[4]) que desconocen las realidades regionales del país nacional, temen a la participación de la ciudadanía, y además, no generan mayor credibilidad con las comunidades locales; estos no cumplirán la función de superar las grandes brechas entre el centro y la periferia, y el campo y la ciudad. Por lo cual, la ESAP[5] como universidad responsable de asesorar a las entidades para el cumplimiento de los fines del Estado, y que tiene presencia en muchas de las regiones más apartadas del país, debe jugar un papel fundamental en la construcción de sinergias entre comunidad, academia e instituciones, y especialmente en el proceso de formulación, desarrollo y evaluación de los programas, planes y proyectos para sacar adelante la implementación de la Reforma Rural Integral; garantizando el enfoque territorial, étnico y de género. 

Bibliografía: 

• Descentralización en Colombia, semana en vivo, 2016, recuperado del siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=yfkUNcRprkc

• Módulo ESAP: Organización del Estado Colombiano y formas organizativas del Estado a nivel territorial.

• Oficina del alto comisionado para la paz, (2016), acuerdo para la finalización del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

• Miguel Cerón, Comentarios a la ART y los PDET, (2017), recuperado del siguiente link: http://miguelceron50.blogspot.com.co/search?updated-max=2017-08-15T08:35:00-07:00&max-results=7

[1] PDET: Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. 

[2] ADR: Agencia de Desarrollo Rural. 

[3] ART: Agencia de Renovación del Territorio. 

[4] ANT: Agencia Nacional de Tierras. 

[5] ESAP: Escuela Superior de Administración Pública.

Escrito por: Jhon Freddy Grisales Galvis

Estudiante ESAP Sevilla, Valle del Cauca.